LA ECONOMIA ESPAÑOLA A EXAMEN
Mientras el riesgo-país de España alcanzó el viernes su máximo de todos los tiempos, 175,5 puntos, en una escalada vertiginosa desde mediados de marzo, cinco días antes, la reunión informal de los ministros de Finanzas de la UE, el Ecofin, concluyó con una propuesta inesperada. El Comisario Europeo de Asuntos Económicos, el finlandés Olli Rehn, planteó que para evitar situaciones como las de Grecia, que ha estado años mintiendo sobre sus cuentas públicas, los países del euro deben poner en marcha un mecanismo de control para evitar nuevos engaños, y aunque carecerá de autoridad para cambiar los Presupuestos nacionales, los países tramposos quedarán en evidencia.
La Sra. Salgado sintió tal escalofrío de terror que se apresuró a oponerse afirmando que la soberanía del Presupuesto “es del gobierno de España y solo del gobierno de España”, algo realmente grotesco, ya que el gobierno de lo que queda de España solo tiene competencias sobre el 28,5% del gasto público, y de ello la mitad, 50.000 millones, son gastos fijos, siendo lo queda para financiar España 59.000 millones euros, frente a 184.000 millones las CC.AA. y 90.000 millones de ayuntamientos y diputaciones. Como medida del disparate absoluto al que nos han llevado, les recuerdo una vez más que en los Estados federales el gasto centralizado es el 70% y el descentralizado el 30%.
Aunque de momento no ha habido consenso, lo que si se acordó es que el primer país a analizar sería precisamente España, aunque para no despertar suspicacias en los mercados, le han colocado al lado Finlandia, un país con unas cuentas públicas supersaneadas, una competitividad a la cabeza mundial y una balanza corriente excedentaria. El próximo 12 de mayo el tema volverá a plantearse y entonces veremos qué pasa, pero si se acaba enviando un grupo de verdaderos expertos, y no de altos funcionarios bruselenses corruptos, con independencia de la fuerza coercitiva de sus recomendaciones, dejaría a Zapatero en una situación sin salida.
La credibilidad de las cuentas públicas.
Y no tendría salida porque quedaría al descubierto el abismo entre la “realidad oficial” y la “situación efectiva”. Para comprobar la credibilidad de las cuentas públicas, tienen que empezar necesariamente por los PGE-2009, y ahí la hemos liado. Jamás en la larga historia de la Hacienda española se había producido un descuadre tan gigantesco. Y a continuación exigirán obviamente los verdaderos datos fiscales de CC.AA. y CC.LL., responsables del 71,5% del gasto publico, lo que sería una bomba
