300.000 políticos, ex políticos, asesores y funcionarios ya “regularizados” en oposiciones fraudulentas han ingresado en las administraciones públicas españolas y ya es imposible su expulsión, según el informe realizado por los analistas César Molinas y Elisa de la Nuez. La cifra se aproxima a la que difundió el diario “El Agujión” (450.000) y que provocó un alud de desmentidos en internet por parte de la administración.A día de hoy no existe aun un estudio oficial en España sobre el número de cargos públicos, liberados, fundaciones, etc… dependientes económicamente del Estado por subvenciones o filiación directa, ni siquiera una relación de puestos de trabajo y sueldos públicos o subvencionados. Los múltiples organismos dedicados al control de la función pública ocultan celosamente estas cifras y alegan que la información está “descentralizada” por autonomías.