13/06/2013 | 19:22
En su libro "Qué hacer con España", el economista español César Molinas aplica a la clase política española el concepto de "élite extractiva" acuñado por los economistas americanos Daron Acemoglu y James Robinson en "Why Nations Fail" (2012).
Élites extractivas
Acemoglu y Robinson atribuyen la prosperidad de Estados Unidos o Gran Bretaña a que ciertos acontecimientos históricos -la llegada de colonos a tierras americanas y la Gloriosa Revolución inglesa de 1688, respectivamente- impidieron que el poder político se concentrara en una pequeña élite e hicieron que quedara disperso entre la ciudadanía (empowerment). Eso favoreció el desarrollo de lo que llaman "instituciones económicas inclusivas" - libertad de empresa, protección legal de los derechos económicos, ausencia de privilegios y monopolios- y produjo avances tecnológicos, engendró un proceso continuo de "destrucción creadora" y acrecentó el prestigio social de la educación. También Brasil -dicen- ha logrado desde los años 70 un gran dinamismo económico, porque la armoniosa convivencia entre grupos étnicos distintos y la difusión del poder político han hecho surgir instituciones económicas "inclusivas".
En el siglo XI, Venecia logró también el liderazgo económico y marítimo en Occidente gracias a un sistema político abierto y a la invención de la commenda -forma primitiva de sociedad mercantil-. Pero, a partir del siglo XIV, los privilegios políticos conseguidos por las familias nobles, la monopolización del comercio por el Estado y la prohibición de la commenda provocaron el ocaso de la serenísima república. En China, el gran poder político del Partido Comunista no ha impedido un rápido crecimiento económico, pero Acemoglu y Robinson no lo consideran sostenible, por su débil base institucional: en todas las grandes empresas estatales hay un teléfono rojo por el que su director recibe instrucciones del partido. Ejemplos puros de países empobrecidos por sus élites extractivas son el Congo de Mobutu o el Egipto de Mubarak.
Partidos políticos y burbujas
Valiéndose de ese concepto, César Molinas afirma que "la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva".
Atribuye a los políticos la principal responsabilidad de la burbuja inmobiliaria -como responsables de las decisiones urbanísticas-; del colapso de las cajas de ahorro; de la burbuja de las energías renovables; y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias, como las autopistas radiales de Madrid, un gran negocio para las grandes constructoras que se basó en unas previsiones de tráfico disparatadas. La descentralización del Estado fue mucho mayor que la prevista cuando se aprobó la Constitución y, como señala César, "los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas", lo que ha llevado a que unas 300.000 personas hayan obtenido su empleo por motivos políticos.
Coincido, desde luego, con César en que la calidad media de los políticos españoles y de muchas instituciones ha ido bajando a medida que la profesionalización de la política, el afianzamiento de las secretarías de los partidos, la "robotización" de los diputados, la descentralización del Estado, la colonización política de grandes instituciones del Estado y, en fin, la financiación ilegal de los partidos iban expulsando de la política, con honrosas excepciones, a muchos profesionales cualificados. También es difícil negar que los partidos políticos han engendrado no sólo tramas "extractivas", sino criminales, como muestran el interminable rosario de casos de corrupción (Gurtel, Bárcenas, ERESsen Andalucia, ITV en Cataluña, Brugal en Valencia, caso Urdangarín...).
Mayorías extractivas
Ahora bien, sin negar esas desgraciadas lacras políticas, no creo acertado alimentar el frecuente mito - implícito siempre en todas las tertulias y programas de radio- de que esas élites son las culpables de todos nuestros males y los ciudadanos somos todos víctimas inocentes, obligados a cargar con las injustas subidas de impuestos y recortes de derechos que han provocado los "verdaderos culpables de la crisis" (elíjase aquí el reo que mejor case con la audiencia: Zapatero, los banqueros, los políticos, los mercados financieros, la troika, la Sra. Merkel...).
Una elocuente ilustración de ese falso mito de que "el ciudadano siempre es víctima inocente" están siendo las reacciones al Informe del Grupo de Expertos sobre sostenibilidad de las pensiones públicas, difundido el viernes pasado.
Sin entrar en su análisis detallado, parece claro que el problema matemático de la "sostenibilidad" de las pensiones públicas está en que -como consecuencia, sobre todo, del alargamiento de la esperanza de vida-, casi todas las pensiones públicas han dejado de ser plenamente "contributivas": el importe acumulado percibido por sus beneficiarios será infinitamente superior al valor capitalizado -es decir, con intereses- de las cotizaciones que efectuó quien generó el derecho-. Así pues, la práctica totalidad de las actuales pensiones "contributivas" entrañan una significativa subvención pública.
Ocurre, sin embargo, que en los "sistemas de reparto" esas subvenciones implícitas quedan no sólo ocultas a su perceptor, sino que pueden no manifestarse en un "déficit" agregado de la seguridad social si hay un número suficiente de trabajadores en activo cuyas cotizaciones sigan sufragando las pensiones. Como en las "pirámides financieras", algunos pueden sacar rendimientos elevados de sus inversiones, sin que se note, en tanto otros sigan metiendo dinero nuevo.
En resumen, el progresivo alargamiento de la vida y otros factores han convertido a la casi totalidad de los 9 millones de jubilados en ciudadanos subvencionados. Son, en su práctica totalidad, personas honradas, que han llevado una vida abnegada de trabajo y sacrificio, y la gran mayoría percibe una pensión exigua. Pero, por desgracia, su número va en aumento, lo que les está transformando en una honrada "mayoría extractiva".
Las "élites extractivas", además de perniciosas -como explican Acemoglu y Robinson- son a menudo también delictivas. Eso hace que las democracias tengan armas para defenderse de ellas. Las "mayorías extractivas" -entre ellos los pensionistas, presentes y futuros- están integradas, por el contrario, por personas honradas: familiares, amigos, vecinos... ¡e incluso nosotros mismos, si somos o aspiramos a ser pensionistas!
A César le preocupan las despreciables "élites extractivas". A mí también, pero me preocupan aún más la legión de ciudadanos honrados que, sin saberlo, se consideran con un derecho constitucional a formar parte de una "mayoría extractiva".
