La Generalitat declarará desierto el concurso para vender la mayoría del capital de la firma ICF Equipaments, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Economía de la administración catalana.
Efe - Barcelona - 08/01/2012 - 16:01
La intención de la Generalitat es volver a abrir el proceso para que se puedan presentar más empresas, en especial algunas que no han podido conseguir la comfort letter, el aval financiero al que obligaba las bases del conjunto y que sumaba 450 millones de euros.
Al concurso que abrió la Generalitat y cuyo plazo acababa el pasado 11 de diciembre, se han llegado a presentar dos grupos y otros dos mostraron interés pero no pudieron conseguir la comfort letter.
Por ello, según la Generalitat, para los dos grupos que llegaron a presentar oferta, la nueva convocatoria será técnicamente una prolongación del plazo, al que se espera que se puedan sumar las compañías que no pudieron conseguir el aval financiero, una característica que se prevé modificar en la nueva convocatoria.
La Generalitat preveía una horquilla de venta que podría ir del 51% al 90% de ICF Equipaments, firma que ahora ha cambiado de nombre y se denomina Equipaments i Edificis de Catalunya.
La dificultad para cerrar esta operación, que debería haberse culminado al cierre del pasado año, se debe no tanto a una rentabilidad que ha sido criticada por fuentes del sector inmobiliario, sino a las dificultades para financiar adquisiciones a causa de la escasez crediticia, según la Generalitat.
ICF Equipaments fue creada en 2004 por el tripartito como una filial del Institut Català de Finances (ICF), equivalente al ICO español, para financiar edificios de servicios sin que computase como deuda pública catalana, algo que ahora ya no puede hacerse con la actual normativa vigente.
Con esta privatización, la Generalitat busca no tanto nuevos fondos como, en cambio, reducir su abultado endeudamiento, y así se marcó como condición para los futuros compradores amortizar 250 millones de créditos del ICF y otros 100 millones de préstamos directos que la propia administración catalana había otorgado a ICF Equipaments.
Además, el comprador debe aportar un precio mínimo de 49 millones de euros por el 51% de las acciones, pero la clave de la operación es rebajar en 350 millones la deuda de la Generalitat.
Si la venta se hace por el 51% llegará a los 400 millones, de los que 350 millones son créditos concedidos para la construcción de estos inmuebles -comisarias, escuelas, ambulatorios, residencias de la tercera edad y centros sociosanitarios- y que serían amortizados pero la cantidad podría llegar a 700 millones si el futuro comprador alcanzase el 90%.
La Generalitat se garantiza que el comparador mantendrá la función de servicio público de los inmuebles y mantener su presencia en el consejo de ICF Equipaments, según consta en las bases del concurso.
Sin esta operación de desapalancamiento, la deuda total del conjunto del sector público dependiente de la Generalitat llegará el año próximo a 46.676 millones, un 11% más que lo previsto en 2011, según lo previsto en el Proyecto de Presupuestos de la administración catalana.
Ésta no es la única operación de venta de inmuebles que maneja la Generalitat, ya que espera cerrar este mes la venta de un lote de 26 edificios al fondo oportunista británico Moor Park Capital Partners, uno de los mayores del mundo, que junto al hedge fund estadounidense Och-Ziff, podrían pagar por esta otra operación unos 500 millones.
En todos los casos se trata de operaciones de venta de patrimonio a cambio de garantizar futuros alquileres que abonaría la Generalitat como inquilino y que garantizarían la rentabilidad futura para los inversores.