En el caso de Cataluña, por ejemplo, la reacción ha sido inmediata. El gobierno de CiU, por boca de su consejero de Economía, Andreu Mas-Collel, ha reconocido su satisfacción por esta medida. Ante este nuevo escenario, la Generalitat ha tomado una postura más inflexible a la hora de vender los 27 edificios públicos que tiene apalabrados con dos fondos de inversión (Moor Park y Och-Ziff), por los que esperaba recaudar cerca de 500 millones de euros, dado que las necesidades de vender a cualquier precio han disminuido.
Según fuentes del sector, la Generalitat ha endurecido su postura a la hora de atender la solicitud de los fondos para modificar varias condiciones del preacuerdo. Por si las dificultades iniciales existentes en estas operaciones, como son la falta de financiación y el riesgo de impago que se atribuye a las administraciones públicas, fueran pocas, estas nuevas resistencias pueden hacer que el cierre de la transacción se retrase aún más, a pesar de que estuviera previsto que se rematara antes de acabar 2011.